Las autoridades monetarias debieron controlar las participaciones preferentes.
En la “reflexión” del 9-2-12 (ESCLAVOS) decía que muchos ahorradores modestos que invirtieron en participaciones preferentes no van a recibir las rentabilidades prometidas y nadie garantiza el rescate de su dinero. Alguien, con nombre y apellidos que no quiso hacer público su desacuerdo, me tachó en e-mail privado de alarmista, por divulgar un hecho aislado sin ningún interés social. Me gustaría estar equivocado y rectificar, pero no es el caso. Más bien, al contrario, voy a aportar nuevos datos que demuestran lo que escribí y confirman la “posible estafa”, que ha dejado a sus responsables sin habla.
El caso es más grave de lo que parece. Los bancos han venido colocando el producto desde 2007, hay más de un millón de familias afectadas y se habla de una suscripción aproximada (sin confirmar) de unos 7.000 millones de €uros, destinados a nutrir el FROB —comentario de la semana pasada—, que, a su vez, ayudará a los bancos con problemas. La mayoría de los titulares tienen más de 65 años y, según manifestaciones de la Asociación de Usuarios de Banca, demandaban imposiciones a plazo fijo, nunca operaciones de riesgo. Si no ha habido engaño —lo dirán los jueces—, sí cabe pensar que se ha faltado a la verdad en cuanto a las características de la inversión. Más de 50 entidades están implicadas en este feo asunto. Desde el Banco de España y la CNMV quieren allanar lo más escabroso diciendo que hay poca cultura financiera. Ellos, los órganos ejecutivos, debieron controlar la emisión y exigir que se explicara la realidad de esas inversiones que están perdiendo más del 60%.
Lo que no se dice es lo único que no se sabe. Sin embargo, sí sabemos muy bien que esta fechoría no es un caso aislado, es un atraco sin atenuantes. Como tal, alguien debe pagar por ello, sin ninguna impunidad.
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2 comentarios:
De nuevo aquí, contigo, querido Alex, para blasfemar lo que haga falta y manchar la santa reputación de cualquier banquero con mis sucios excrementos.
Pues si, amigo, si: la desfachatez de la Banca no tiene límites. O, lo que es lo mismo: ni el poder Judicial pone límites a la desfachatez de la banca.
Hoy me entero, por casualidad, de un problema serio que está sucediendo en esa población murciana afectada por el terremoto del año pasado: Lorca.
Por algún motivo que ignoro, las ayudas libradas por el Estado para los damnificados que perdieron sus viviendas durante el terremoto, se vehiculan a través de las entidades bancarias (Cajas / Bancos) a las persona físicas. Pues bien, se da el caso de que dichas entidades, al menos (según he escuchado en la Cadena SER) en los casos en los que las viviendas demolidas por daños irreparables tuviesen una hipoteca, PIGNORAN esas ayudas, de tal forma que el destinatario de los dineros librados, no puede disponer de ellas de ninguna manera. Y, según la información escuchada, es aún peor. Estas ayudas económicas pignoradas por las entidades, no pueden ser movidas ni depositadas en cuentas que puedan prestar mejores intereses. Se encuentran en cuentas corrientes a nombre los titulares sin que de ninguna manera puedan ser movidas.
Yo me pregunto, una vez más, quien se está beneficiando de estos capitales que tardarán años en poder ser usados por sus destinatarios.
Un abrazo.
Querido Manuel:
El poder judicial es patrimonio de los políticos que gobiernan, y estos y la banca constituyen una sociedad tácita, como ya he dicho en alguna "reflexión" anterior. No solamente el poder político, que mueve los hilos de tantos poderes, no pone límites a la desfachatez de la banca sino que entre ellos colaboran en favor de beneficios mutuos: tú me das, yo te doy o permito.
Lo que cuentas del caso de Lorca es sangrante, pero no nuevo. Desde antiguo, cuando compramos una vivienda o cualquier inmueble con hipoteca, el banco exige un seguro del continente del inmueble con cláusula de subrogación a favor de la entidad acreedora, anticipándose a la cobertura de incendios y otras catástrofes. Así lo dice la Ley Hipotecaria y así, una vez más, las leyes -los gobiernos- favorecen a la banca. Esa cláusula de subrogación, que pocas veces nos paramos a pensar en sus consecuencias, tiene práctica ejecutiva en el caso que comentas: el dinero de indemnizaciones de los seguros o el que llega a través de subvenciones no va a manos del propietario de la vivienda, que es quien paga la hipoteca y el seguro, sino del banco que se garantiza así, con el beneplácito de la ley, el cobro del dinero que prestó, en caso de que el titular del préstamo, al quedarse sin casa, deje de pagar. O sea, que los débiles vuelven a estar en las garras de los fuertes y a merced de sus fauces.
Cada episodio servido por la actualidad pone en relieve la necesidad de cambiar un sistema leonino que amontona todo lo que encuentra a su paso en las cuevas (si se prefiere, arcas) de los mismos.
Como siempre, Manuel, agradezco tu visita, tus comentarios y cuanto aportas en ellos.
Un abrazo fuerte.
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